Tras la muerte de su padre Fernando II en enero de 1188, el joven Alfonso IX accede al trono del Reino de León en una situación de fragilidad política y económica, agravada por la guerra con Castilla y Portugal. Para hacer frente a la crisis, convoca una Curia Regia extraordinaria en el claustro de la Basílica de San Isidoro de León. Por el estamento eclesiástico participan el arzobispo de Santiago de Compostela y los demás obispos del reino; por la nobleza, condes, magnates y barones; y, por primera vez en la historia documentada de Europa, las ciudades del reino están representadas a través de 'buenos hombres' o 'ciudadanos elegidos' de cada concejo —uniendo así los tres estamentos del reino (nobleza, clero y pueblo llano urbano) en un único consejo. Las decisiones tomadas quedan reflejadas por escrito en los Decreta de León: diecisiete estatutos que reconocen la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, el derecho de apelación a la justicia frente al propio rey, y la obligación del monarca de consultar a las Cortes antes de declarar la guerra o hacer la paz. Las Cortes de León ratifican y amplían disposiciones ya presentes en el Fuero de León de 1017 (inviolabilidad de la propiedad privada, inmunidad de la mujer en ausencia del marido), pero añaden el elemento categóricamente nuevo: la participación institucional del pueblo llano urbano en la toma de decisiones del más alto nivel del reino. En 2013, la UNESCO inscribió los Decreta de León de 1188 en el Registro Memoria del Mundo, reconociéndolos como «el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo».